Como un gran paso en materia de políticas públicas hacia la integración real de las personas con discapacidad, calificó Christian Cortés, Coordinador Regional del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), la promulgación, por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, de la Ley Nº 20.422 que busca establecer normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para los discapacitados y además, transforma a esta entidad en el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

CAMBIOS

Cortés recalcó que este nuevo marco jurídico, entre otros aspectos, le dará una función fiscalizadora al organismo, patrocinando denuncias por discriminación ante la justicia, aumentando el valor de las multas por actos discriminatorios, pudiendo llegar estas hasta los cuatro millones de pesos y estableciendo derechos específicos en materia de salud, educación y trabajo. “Esta ley, busca generar un cambio de mentalidad y cultura en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que todos podemos tener una deficiencia que puede derivar en una discapacidad, por lo que debemos entenderla entonces, más que como un problema médico, como un grupo de condiciones muchas veces establecidas por el entorno social de la persona”, señaló.

En Tarapacá, son alrededor de 30.000 las personas con diversas discapacidades, ya sea, sensorial, física, psíquica, mental o visceral, quienes se verán beneficiados con esta nueva ley que “pretende dar igualdad de oportunidades a los discapacitados según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la cual suscribió Chile”, puntualizó Cortés.

BENEFICIO

S Entre los principales beneficios que trae consigo esta ley destacan la obligación de los canales de TV a tener lenguaje de señas en determinados espacios, la rotulación de medicamentos en lenguaje braille, la adaptación de los medios de transporte público para recibir a discapacitados y de la PSU y el SIMCE para que estudiantes en esta condición puedan rendirlas normalmente, además de subsidios especiales para adquirir o modificar viviendas para este tipo de personas. Junto con ello, destaca la opción de postular a una exención aduanera para la importación de vehículos especiales para discapacitados y la facultad de conceder gratuitamente, por parte de los municipios, permisos para trabajar en ferias autorizadas.

En materia de salud, se promoverá un mejor y mayor acceso a programas de rehabilitación y en infraestructura urbana tanto los edificios públicos, privados que presten atención a personas y espacios públicos deberán adaptarse para el uso de personas con movilidad reducida.