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Recurso de nulidad para invalidar proceso de licitación del Litio

Con el fin de invalidar los actos administrativos que permitieron la licitación y la elaboración de las bases de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), algunos senadores y dirigentes de trabajadores del cobre y del petróleo presentaron ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago una acción de nulidad de derecho público que apunta a detener e  invalidar el proceso de licitación del litio iniciado por el gobierno en febrero pasado vía administrativa. La acción es patrocinada y profesor de la Universidad Católica de Chile, Patricio Zapata.

La senadora Allende, quien preside la Comisión de Minería, explicó que la acción de nulidad de derecho público (basada en el artículo 7 de la Constitución) busca invalidar los actos administrativos que permitieron la licitación y la elaboración de las bases de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), así como también solicitaron al juzgado competente la adopción de una medida cautelar de prohibición de actos y contratos para paralizar el proceso.

Se detalló que se busca anular los siguientes actos administrativos del gobierno del Presidente  Piñera: El DS 16 de 2012 del Ministerio de Minería que Establece requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, que el Estado de Chile suscribirá conforme a las bases de licitación pública e internacional que se aprobarán para estos efectos.

Además se cuenta la Resolución N°16 del 2012 del mismo ministerio que aprueba las mencionadas bases y adicionalmente, "solicitamos  al juzgado competente la adopción de una medida cautelar de prohibición de actos y contratos para imposibilitar la adjudicación de la mencionada licitación, paralizando el proceso".

La parlamentaria expresó que consideran que las mencionadas normas dictadas son nulas por haberse dictado contra el texto de la Constitución, en lo referente al estatus que se le asigna al litio como sustancia no concesible o no susceptible de concesión. Con estas bases se trató de disfrazar mediante un contrato especial de operación una concesión encubierta del litio para todo el territorio de Chile.

Se aseveró que el deber del Senado es velar por el orden institucional de la República y el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales, como el derecho de propiedad del Estado sobre sus salares. Por lo tanto, se solicitó a un juez de la República que, conociendo de este tema, anule estas normas y acoja una medida cautelar que prohíba finalmente la adjudicación de la licitación.

También se puntualizó que los representantes de los trabajadores que concurren con los senadores, consideran que el litio es un recurso estratégico para la economía nacional y que así lo estableció el propio legislador de la época de la dictadura militar cuando lo declaró no sujeto a concesión. El Estado ha demostrado sobradamente su eficiencia en Enap y Codelco, para la explotación de sus recursos naturales.

Además, la senadora Allende argumentó que las bases de licitación plantean un royalty realmente absurdo e ilegal en su forma, que hace parecer que este es un negocio redondo para cualquier inversionista privado, excepto para el Estado de Chile quien solamente se quedaría con un 7 por ciento de las ganancias brutas.

El senador Gómez dijo que lo que se anhela es que el litio sea de Chile y que no se regale a los privados y extranjeros, que el Estado se haga responsable que este recurso natural no se regale como el cobre. Este recurso de nulidad tiene como objetivo evitar en dar un regalo a los extranjeros o a quien quiera explotar una concesión encubierta.